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El Señor Gimeno y su «vanguardia educativa».
Después de escuchar su discurso en el Parlamento de Navarra el pasado jueves 12 de febrero vemos que hay una visión reduccionista del papel del profesorado de religión en los centros públicos y nefastas consecuencias laborales para los trabajadores.
Atacar a dicho profesorado es atacar derechos laborales, seguridad jurídica y el respeto al pluralismo educativo que reconoce la propia Constitución y la legislación vigente.
Decir que no habrá despidos sino “adecuación de contratos” es un eufemismo: reducir horas supone reducir salario, estabilidad y, en muchos casos, hacer inviables los puestos de trabajo. Eso, en la práctica, es un recorte laboral.
Avanzar hacia una supuesta “vanguardia educativa” no puede hacerse a costa de un colectivo concreto ni señalándolo como problema. La calidad educativa se construye sumando recursos, apoyando al profesorado y mejorando condiciones, no debilitando a quienes ya forman parte del sistema.
Además, mientras la legislación actual reconozca la enseñanza de la religión en la escuela pública, la Administración tiene la obligación de garantizarla en condiciones de estabilidad y dignidad, no de convertir a su profesorado en personal de segunda categoría.
Hablar de eficiencia del gasto público tampoco justifica precarizar. Un sistema educativo es eficiente cuando invierte en personas, no cuando ahorra reduciendo derechos. Modernizar la FP, Infantil, Primaria o Secundaria es compatible con respetar al profesorado de religión; no son objetivos opuestos.
Por eso, la verdadera vanguardia educativa es aquella que protege a todos sus docentes, respeta la diversidad de convicciones de las familias y garantiza empleo digno, diálogo y seguridad jurídica.
Juan Ojer Ojer, Maribel Lizarraga Eslava y Celina Ayerra Domeño
Delegados del sindicato USO en Navarra
La Plataforma Navarra Religión en la Escuela denuncian «acoso laboral» al profesorado de Religión
La Plataforma Navarra Religión en la Escuela ha denunciado públicamente un nuevo episodio que califica de «acoso laboral» contra el profesorado de Religión en la enseñanza pública navarra, que atribuye en esta ocasión al PSN y a Contigo-Zurekin, así como al resto de formaciones políticas y sindicales que respaldan la propuesta de derogación de la Ley Foral 15/2022, de 17 de mayo, que garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo de este colectivo docente.
Según la Plataforma, esta iniciativa política supone “llover sobre mojado” para un profesorado que, en los últimos años, ha sido objeto de una “campaña continuada de descrédito” por parte de determinados sectores políticos y sindicales. A su juicio, se ha cuestionado de forma reiterada su profesionalidad como docentes de la escuela pública, se han insinuado privilegios “inexistentes” y se ha reducido la carga horaria de la asignatura de Religión “a capricho”, todo ello por razones ideológicas y no pedagógicas.
La Plataforma sostiene que no existe en la educación pública navarra un colectivo “más vapuleado y cuestionado” que el profesorado de Religión, una situación que califica abiertamente como “acoso laboral de libro”.
Advierte además de que, si prospera la proposición para derogar la ley foral, una parte significativa del profesorado se verá gravemente afectada, con reducciones de jornada o incluso despidos. En este sentido, subraya que están en juego trayectorias laborales próximas a la jubilación, años de servicio en la escuela pública y la pérdida de empleos que, en su mayoría, corresponden a mujeres.
La Plataforma recuerda que este profesorado ha dado respuesta durante décadas a una demanda social existente para cursar la asignatura de Religión y que ha sido la propia Administración la que ha recurrido a estos docentes para atenderla. “Parece que ahora se les considera un profesorado de usar y tirar”, lamenta el comunicado.
Por último, la Plataforma Navarra Religión en la Escuela confía en que la proposición no salga adelante y reclama respeto para un colectivo que, asegura, ha contribuido durante años a una escuela pública “abierta a la sociedad, inclusiva y de calidad”.
Aumentan los alumnos de Religión a pesar de los esfuerzos de Sánchez por desterrarla y fomentar lo islámico
El porcentaje de alumnos en Infantil inscritos fue del 56,92 %, en Primaria del 59,32 %, en Educación Secundaria Obligatoria del 55,1 % y en Bachillerato del 43,75 %

Más de la mitad de los alumnos de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato se inscribió este curso en la asignatura de Religión. En concreto, esta cifra asciende a un 56,06 % de los estudiantes, un 0,6 % más que el año pasado, según datos ofrecidos por la Conferencia Episcopal Española (CEE).
«Si se tiene en cuenta el alumnado en general preocupa el descenso en educación infantil por razones demográficas que, lógicamente alcanza ya a la escuela. Este año, en este nivel, ha habido 80.000 alumnos menos», han apuntado desde la Conferencia Episcopal.

Cinco de cada diez alumnos españoles eligen cursar la asignatura de Religión
El porcentaje de alumnos en Infantil inscritos fue del 56,92 %, en Primaria del 59,32 %, en Educación Secundaria Obligatoria del 55,1 % y en Bachillerato del 43,75 %. En total, se inscribieron en la Religión 2.928.394 alumnos.
La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ha lanzado la campaña ‘Son tantas las razones… apúntale a Reli‘ con el objetivo de dar respuestas a todos aquellos padres que «desconocen el valor de la asignatura de Religión Católica, carecen de argumentos o se encuentren indecisas a la hora de matricularlos en el próximo curso 2025-2026».
Con esta campaña, la Conferencia Episcopal busca invitar a una generación de padres que, «condicionados por las tendencias sociales o por la desinformación, se han elaborado una imagen falsa sobre la asignatura de Religión, a que consideren las muchas y buenas razones por las que escoger esta materia».
El maltrato del Gobierno a Religión
Estos datos contrastan drásticamente con el continuo maltrato que sufre la asignatura de Religión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. A raíz de la implantación de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), esta materia quedó relegada a una asignatura de tercera, con importancia mínima y con un horario lectivo completamente reducido.
Recientemente, el Observatorio de la Religión en la Escuela publicó un informe con datos demoledores que revela que la mayoría de los profesores de Religión estima que la conocida como Ley Celaá ha supuesto mayores dificultades para la enseñanza de la religión en las escuelas. Esta tendencia se mantiene en todas las comunidades autónomas, aunque en Cantabria, Galicia y Extremadura esa mayoría supera el 80 %.
El estudio refleja diferencias significativas entre la titularidad de los centros, siendo los más críticos con la aplicación de la Lomloe al sistema educativo en general, y a la asignatura de Religión en particular, los profesores de centros públicos.
Como consecuencia de esta norma educativa se rechazó la alternativa de mantener al menos el horario mínimo de la LOE, ley a la que la Lomloe da continuidad, ya que «se limitó al mínimo la carga lectiva en un ámbito tan decisivo para la educación de la persona», denunció la Conferencia Episcopal cuando la norma entró en vigor.
Además, esta ley dictó que los alumnos de Bachillerato que quisieran cursar Religión Católica tendrían que hacerlo fuera del horario lectivo, como una «séptima hora» de clase. «Genera preocupación la etapa de Bachillerato en aquellas comunidades autónomas en las que se penaliza al alumnado que elige la materia de Religión, que ve incrementada su carga lectiva semanal y que podría encontrarse así en condiciones de discriminación. En tal caso, sería necesaria la defensa jurídica del derecho de estos alumnos», criticaron los obispos.
El Gobierno, cómplice de la islamización
A principios de este curso escolar, la Comisión Islámica de España publicó un informe sobre la situación del ciudadano musulmán en España, en el que solicitó, además de la contratación de más profesores de religión islámica, permitir en las escuelas públicas y privadas «prendas para la cobertura del cabello, ya sean fundadas en motivos de índole confesional o de tratamientos de salud, siempre y cuando no impida o dificulte la identificación de la persona».
Asimismo, esta organización pidió un menú halal en los centros educativos para todos aquellos alumnos musulmanes que deseen acogerse a él: «El servicio de comedor facilitará, en la medida de lo posible, que los usuarios puedan respetar la alimentación de su respectiva confesión», reza el documento de la Comisión Islámica.
Según ha podido comprobar este medio en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSA), organismo dependiente de la Vicepresidencia primera del Gobierno y del Ministerio de Hacienda, esta entidad islámica que pretende colar las tradiciones musulmanas en los centros escolares españoles comenzó a recibir dinero de las arcas públicas en el año 2021, con Sánchez ya en el poder, y a través de una orden directa del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. En total, desde ese año la Comisión Islámica suma más de 1,7 millones de euros en subvenciones sin contraprestación.
Diario el Debate.


