La Conferencia de Decanas y Decanos de Educación ha aprobado en Las Palmas de Gran Canaria el Libro Blanco de Educación Primaria, un documento que plantea una profunda reforma de la carrera de Magisterio. La propuesta incluye elevar la duración del grado de los cuatro años actuales a cinco y establecer una prueba específica de acceso que se sumaría a la Selectividad.

El plan se ha aprobado con una votación ajustada: 20 votos a favor, 16 en contra y 11 abstenciones. Aunque se trata de una hoja de ruta orientada a inspirar la reforma docente del Gobierno, su contenido ha despertado una fuerte polémica entre profesorado universitario y docentes de Primaria.

El documento propone revisar los planes de estudio para dar mayor peso a ámbitos como la educación emocional, la sostenibilidad, la educación digital crítica, la coeducación, la educación afectivo-sexual o la ciudadanía democrática. Las áreas disciplinares tradicionales —Matemáticas, Lengua, Ciencias, Plástica, Música, Educación Física o Lengua Extranjera— aparecen en un segundo plano, lo que ha generado una intensa contestación entre el profesorado especializado.

Cinco asociaciones científicas estatales que agrupan al 80% del profesorado universitario vinculado a las didácticas específicas han advertido de que el nuevo modelo “reduce el conocimiento didáctico-disciplinar” del grado y convierte la formación en un itinerario excesivamente pedagógico. Denuncian además que los decanos han ignorado más de 700 enmiendas presentadas al borrador inicial.

Otro de los puntos más controvertidos es la creación de un examen específico para acceder a Magisterio. La prueba tendría tres partes: comprensión lectora y razonamiento crítico; presentación personal mediante un vídeo y entrevista grupal; y la calificación de la Selectividad. Para sus defensores, este filtro permitiría seleccionar a los mejores candidatos y mejorar el nivel de acceso al grado.

La ampliación de la carrera a cinco años responde, según los decanos, a la necesidad de ofrecer una formación generalista sólida y una segunda fase de especialización vinculada a las necesidades actuales del sistema educativo. Esta especialización estaría coordinada entre el Ministerio de Educación, las comunidades autónomas y las universidades.

Desde FEUSO, seguiremos muy atentos a la evolución de este proceso y a las implicaciones que pueda tener para la formación inicial del profesorado.

Ante la demanda generada por la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº1 de Pamplona el sindicato USO reclamará el  RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL ÍNDICE DE PROPORCIONALIDAD a los funcionarios e interinos afiliados a este sindicato. Así mismo cualquier funcionario o interino que lo desee podrá beneficiarse del asesoramiento jurídico  de este sindicato, afiliándose al mismo, en las condiciones que el reglamento jurídico establece.

Respecto al Profesorado de Religión el servicio jurídico del sindicato USO transmite que: 

a) Ese artículo se refiere a funcionarios y esa norma establece retribuciones que no son idénticas a las que se nos aplican como personal laboral adherido al convenio de laborales.

b) El profesorado de religión a lo que en todo caso podría intentar aspirar en algún momento es a la equiparación en toda la regulación salarial con los funcionarios interinos docentes…, y no a la aplicación de determinados conceptos de su normativa laboral y otros de la funcionarial .

No obstante el sindicato reclamará el  RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL ÍNDICE DE PROPORCIONALIDAD a profesorado de Religión afiliado que así lo desee a través del servicio jurídico siendo gratuito a partir de los tres años de antigüedad en la afiliación.

Para cualquier duda poneros en contacto con nosotros.

51 de los 84 docentes del turno de mañana no han impartido clase en señal de protesta por la nueva ley de FP

La huelga con mayor participación en los últimos años. Así califica el paro educativo la directora del Centro Integrado Politécnico de FP Donapea, Libertad Martínez. «Ya hay un gran desencanto entre los docentes. Existe una falta de recursos y de escucha. Respecto del año pasado no hemos aprendido nada», lamenta. Así, 51 de los 84 profesores del turno de mañana que imparten clase (el 60,7%) no han acudido hoy al centro en protesta por la «situación límite» en la que se encuentra la FP, agravada por la nueva ley de Formación Profesional impulsada por el Departamento de Educación del Gobierno foral. 

El paro, convocado por los sindicatos mayoritarios del sector (Steilas, ELA, LAB y CC OO), se prolongará martes y miércoles. «Aunque no sabemos cuántos profesores harán huelga los próximos días ni si todos los que la han seguido hoy la continuarán». El miércoles son los alumnos del centro quienes están convocados a parar. «En estos casos, suelen resultar paros masivos. Son contados los alumnos que vienen a clase». 

Donapea, con 1.033 estudiantes presenciales, es uno de los centros de FP mayoritarios de Navarra. Cuenta también con alumnos que siguen las clases de forma online. El centro imparte ciclos de FP de Grado Medio, Superior y cursos especializados (para quienes han terminado el Grado Superior).  

Noticia del Diario de Navarra.

Las organizaciones sindicales representativas de la enseñanza concertada —USO, FSIE, UGT Servicios Públicos y CCOO— se han reunido con el Secretario de Estado de Educación para trasladarle el profundo malestar del sector ante la falta de avances en la mejora de las condiciones laborales y retributivas del profesorado y del personal de los centros sostenidos con fondos públicos.

Durante el encuentro, los sindicatos denunciaron el retraso en la convocatoria y la falta de diálogo del Ministerio con los representantes de la enseñanza concertada, especialmente tras los recientes anuncios del Gobierno sobre la reducción de ratios y de horas lectivas que, de no aplicarse también en la concertada, supondrían una nueva discriminación hacia sus profesionales.

Las organizaciones recordaron que el profesorado de la enseñanza concertada forma parte del servicio público educativo, imparte el mismo currículo y atiende a la misma diversidad del alumnado. Por ello, exigieron que se garanticen las mismas condiciones laborales, los mismos recursos y el mismo reconocimiento institucional que en la red pública.

Asimismo, reclamaron la reactivación de los grupos de trabajo para el estudio del puesto escolar y la mejora de las condiciones laborales. La paralización de estas reuniones, subrayaron, impide avanzar hacia un sistema educativo más equitativo y cohesionado.

Como resultado del encuentro, el Secretario de Estado de Educación se comprometió a convocar próximamente los grupos de trabajo, garantizando la presencia de las organizaciones sindicales del sector. Este compromiso supone un primer paso positivo hacia el restablecimiento del diálogo institucional y el reconocimiento pleno de la enseñanza concertada como parte integrante del sistema público educativo.

Desde FEUSO, valoramos este compromiso, aunque insistimos en la necesidad de que se concrete en fechas y contenidos concretos. Reiteramos nuestra disposición a participar activamente en la definición de políticas educativas que aseguren la igualdad de condiciones y oportunidades para todos los trabajadores, con independencia de la red en la que presten servicio.

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Para FEUSO, las declaraciones del Gobierno caricaturizan injustamente al conjunto de la universidad privada en España. Como resultado, el nuevo Real Decreto endurece las condiciones para las actuales y futuras iniciativas universitarias sin abordar la cuestión fundamental: ¿por qué se ha producido este auge de las universidades privadas en España, pese al gran esfuerzo económico que supone para las familias? ¿Por qué la universidad pública no es capaz de responder a la demanda actual de plazas universitarias con una oferta de calidad y accesible para todos?

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que introduce nuevos requisitos para la creación y el funcionamiento de las universidades en España. Una norma que está generando una notable controversia pública desde su desarrollo y que el propio Gobierno justifica como un mecanismo para garantizar la calidad académica, un objetivo que FEUSO comparte plenamente, tanto en las universidades públicas como en las privadas.

Sin embargo, el texto aprobado plantea medidas excesivamente rígidas y de dudosa justificación. Entre los puntos más polémicos destacan la obligación de que, transcurridos los seis primeros años, al menos el 50 % del alumnado esté matriculado en estudios de Grado y otro 50 % en Máster, así como la exigencia de contar con un mínimo de 4.500 estudiantes. Además, cada universidad deberá ofrecer al menos tres de las cinco ramas de conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura), un mínimo de 10 títulos oficiales de Grado, 6 de Máster y 3 programas de Doctorado.

También se establece la obligación de ofrecer alojamiento al 10 % del estudiantado, disponer de un aval bancario, destinar un 5 % del presupuesto a investigación y contar con, al menos, un 50 % del profesorado con título de doctorado. El nuevo Real Decreto introduce asimismo una regulación mucho más restrictiva y compleja para las universidades online.

¿Estamos ante un ataque a la universidad privada en defensa de la pública? ¿Una nueva cortina de humo para distraer de los problemas reales del país? ¿Una invasión de competencias autonómicas? ¿Una imposición sin el diálogo necesario?

Para FEUSO, este nuevo marco debería haberse construido sobre la base de la actual colaboración público-privada del sistema universitario, que está funcionando razonablemente bien. Antes de modificarlo, habría sido necesario evaluarlo con rigor y, sobre todo, escuchar a todas las partes implicadas para alcanzar el mayor grado posible de consenso.