Después de escuchar su discurso en el Parlamento de Navarra el pasado jueves 12 de febrero vemos que hay una visión reduccionista del papel del profesorado de religión en los centros públicos y nefastas consecuencias laborales para los trabajadores.
Atacar a dicho profesorado es atacar derechos laborales, seguridad jurídica y el respeto al pluralismo educativo que reconoce la propia Constitución y la legislación vigente.
Decir que no habrá despidos sino “adecuación de contratos” es un eufemismo: reducir horas supone reducir salario, estabilidad y, en muchos casos, hacer inviables los puestos de trabajo. Eso, en la práctica, es un recorte laboral.
Avanzar hacia una supuesta “vanguardia educativa” no puede hacerse a costa de un colectivo concreto ni señalándolo como problema. La calidad educativa se construye sumando recursos, apoyando al profesorado y mejorando condiciones, no debilitando a quienes ya forman parte del sistema.
Además, mientras la legislación actual reconozca la enseñanza de la religión en la escuela pública, la Administración tiene la obligación de garantizarla en condiciones de estabilidad y dignidad, no de convertir a su profesorado en personal de segunda categoría.
Hablar de eficiencia del gasto público tampoco justifica precarizar. Un sistema educativo es eficiente cuando invierte en personas, no cuando ahorra reduciendo derechos. Modernizar la FP, Infantil, Primaria o Secundaria es compatible con respetar al profesorado de religión; no son objetivos opuestos.
Por eso, la verdadera vanguardia educativa es aquella que protege a todos sus docentes, respeta la diversidad de convicciones de las familias y garantiza empleo digno, diálogo y seguridad jurídica.
Juan Ojer Ojer, Maribel Lizarraga Eslava y Celina Ayerra Domeño
Delegados del sindicato USO en Navarra
feusonavarra.com 